Primera sesión del Tribunal Internacional de Justicia Climática

Los ocho jurados, integrantes de organizaciones sociales de todo el mundo, debatirán sobre ocho casos de vulneración de derechos humanos y destrucción de la naturaleza en América latina. Los principales acusados son gobiernos nacionales y empresas transnacionales.
La sesión será en la Universidad Mayor de San Simón, de la ciudad de Cochabamba, el 13 y 14 de octubre.


La Madre Tierra es vida: defendámosla


El Tribunal Internacional de Justicia Climática sesionará por primera vez, en el marco del Encuentro Regional Frente al Cambio Climático. En la ciudad de Cochabamba, el 13 y 14 de octubre los jurados analizarán nueve casos con la finalidad de “visibilizar las causas y responsables del cambio climático y sus efectos en la violación de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza”, afirmaron desde la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, organizadora de la sesión. Los abusos de una transnacional minera en Perú, la forestación de países empobrecidos para que las potencias industriales sigan contaminando sin remordimientos, el derretimiento del Illimani o la producción de agrocombustibles son algunos de los temas que se juzgarán. Los ocho jurados, militantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, emitirán sentencias éticas, políticas y morales.

Desde hace años, varias organizaciones sociales del mundo proponían la creación de una Tribunal de Justicia Climática, que haría recapacitar a países industrializados y empresas transnacionales abocadas a conseguir dinero a cualquier precio –aunque ese precio fuera el fin de la vida en la Tierra. Las actividades humanas de explotación de recursos naturales, hechas en nombre del “progreso” y el “desarrollo”, ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población, causan inundaciones, sequías, contaminan la tierra, el agua y el aire. Es hora de detener la destrucción del lugar donde vivimos. Los gobiernos y empresas responsables deben ser juzgados y condenados.

“Los países y pueblos más empobrecidos del mundo -quienes menos han contribuido al cambio climático- son los primeros y los más impactados por el cambio climático. Estos países y pueblos tienen el derecho a exigir y a recibir reparaciones. De ahí la necesidad de analizar los aspectos humanos y políticos del cambio climático en una perspectiva de la justicia ambiental y de la deuda ecológica que los países del Norte deben a los pueblos y países del Sur. Esto es lo que se define como deuda ecológica por el cambio climático”, indicaron las organizaciones de América latina y central que participarán del encuentro.

En la sesión, que se realizará en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), se juzgarán ocho casos de América latina y central:

1- Acción Ecológica, de Ecuador, acusará a la fundación holandesa Forest Absorbing Carbon Emissions (Bosques para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono, FACE). Esta entidad tiene por objetivo establecer 150.000 hectáreas de plantaciones forestales en países en desarrollo, para así compensar las emisiones de una nueva planta térmica de carbón que se construiría en Holanda. En Ecuador, FACE tiene una plantación de 23.000 ha de pinos y eucaliptos, que obtuvo por medio de la firma de contratos y convenios con propietarios privados. Algunos contratos se firman a modo de hipoteca, con plazos de hasta 99 años.

2- La Fundación Puente Entre Culturas denunciará a los 12 gobiernos sudamericanos, a varios bancos y empresas por la realización del proyecto IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional de Sud América), cuya finalidad es ejecutar 500 megaproyectos. La mayoría son carreteras que causan deforestación masiva y aumento de emisión de carbono. El IIRSA también contempla la construcción de varias megarepresas, como la del río Madera, en la frontera entre Bolivia y Brasil. Los proyectos del IIRSA traen impactos ambientales, culturales y sociales gigantes, además tienen efectos climáticos negativos.

3- José Oney Valencia Llanos acusará al gobierno de Colombia y a la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia por producir combustibles a partir de la caña de azúcar. En el Valle del río Cauca, los denunciados promueven el cultivo industrial de la caña para conseguir etanol. Este modelo de producción agudiza los impactos ambientales y sociales negativos e incrementa la crisis climática. Tampoco responde a la crisis energética, porque promueven un mayor uso de agroquímicos, de tecnología que reemplaza la mano de obra, el uso indiscriminado de agua, la criminalización de la protesta, el desplazamiento de comunidades, la hambruna, enfermedades asociadas a las quemas y uso de agroquímicos, entre otros.

4- José Santos Guevara denunciará al Estado de El Salvador, por “omisión de responsabilidades y por su complicidad con empresas trasnacionales en la depredación del territorio”. El municipio de Jiquilisco es uno de las más afectados por el cambio climático. Allí suceden huracanes, tormentas, sequías e inundaciones que afectan a la agricultura, por consiguiente a la población. Según Santos Guevara, la respuesta gubernamental ha sido “promover la implementación de megaproyectos como grandes represas, carreteras, plantas generadoras de energía, que depredan los recursos naturales e incrementan la vulnerabilidad ecológica y la pobreza de las comunidades”.

5- La Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor acusará a la Compañía Minera Volcán S.A. y al Estado de Perú por la contaminación con gases y químicos a las poblaciones cercanas al Cerro de Pasco. Allí, la minera Volcán extrae recursos naturales a cielo abierto sin controlar o evitar la emisión de gases. Producto de esta actividad, quienes viven cerca del cerro están afectados por altos niveles de plomo en la sangre, especialmente las niñas y niños. Sin embargo, el gobierno peruano nada hace para evitar estos delitos de la empresa.

6- El Foro Indígena denunciará a “los habitantes que queman, que realizan chaqueos en gran escala”, entre otros. El foro analizará la situación de la basura en Bolivia, donde “la mayor parte de la población bota donde sea. No tiene cuidado con el medio que le rodea, es decir con las calles, avenidas, plazas, parques, espacios públicos, ríos, lagos”. También se referirá a la contaminación de la atmósfera y a la deforestación de amplias zonas del territorio.

7- La comunidad Khapi y la ONG Agua Sustentable acusarán a “los países incluidos en la lista del Anexo I de la Convención Marco sobre Cambio Climático”, por las vulneraciones de derechos humanos surgidas del derretimiento del glaciar del Illimani, cuyos 6.000 metros lo convierte en uno de los puntos más altos de Bolivia. Del Illimani dependen los habitantes de Khapi, ya que sus aguas riegan cultivos, también dan de beber a personas y animales. Durante siglos la comunidad ha vivido adaptada a esta montaña. Pero el deshielo de los glaciares tropicales, que se aceleró desde 1970, así como las heladas, las granizadas y las sequías, ponen en riesgo la subsistencia de Khapi y muchos otros pueblos de la región afectados por el cambio climático.

8- CooperAcción responsabilizará al gobierno peruano y a la empresa Doe Run Perú (DRP), que funde y refina metales, por la contaminación en la región de Junín. DRP, cuyo dueño es Ira Leon Rennert, opera desde 1997, cuando se comprometió a trabajar respetando al medio ambiente y a la salud de la población. Nada de eso se cumplió. Al contrario, las enfermedades que provoca la manipulación de metales causaron decenas de muertes en la región. Por este caso, el gobierno de Perú tiene una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Quiénes son los jurados:

Ricardo Arnoldo Navarro Pinelda, de El Salvador, es uno de los fundadores del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA). Después de la guerra civil, el país tenía grandes necesidades ambientales y sociales. Como presidente de CESTA, Navarro ha trabajado con comunidades urbanas y rurales en ayuda técnica para tecnologías apropiadas. Los proyectos de CESTA son muy variables. Van desde un proyecto de educación y sensibilización sobre bicicletas, llamado ‘Ecobici’, hasta proyectos de promoción de agricultura orgánica y gestión de agua contaminada, así como el reclamo por el cumplimiento de los derechos ambientales.

Miguel Palacin Quispe, de Perú, es titular de la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas). Su lucha es por la reconstitución territorial, política, económica y cultural identitaria de los pueblos originarios indígenas. La CAOI propone alternativas para el Vivir Bien, revaloriza los principios de la cosmovisión andina, el ejercicio de los derechos colectivos en lo territorial, político, cultural y espiritual, impulsa la integración del movimiento indígena del Abya Yala, desarrolla alianzas con los sectores sociales excluidos e incide en los procesos internacionales desde los derechos de los pueblos indígenas.

Alicia Muñoz, de Chile, es presidenta de Anamuri (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas). Muñoz trabaja aspectos laborales, económicos, sociales y culturales con las mujeres, mediante el estímulo a la organización y su fortalecimiento. Sus ideas la llevan a construir relaciones de igualdad, sean de género, clase y etnia, en un ambiente de respeto a las personas y a la naturaleza.

Beverly Keene, nacida en Estados Unidos, vive en Argentina desde 1997, donde coordina Jubileo Sur. Keene, que es economista, lucha por la anulación de la deuda externa de todos los países de este hemisferio. Jubileo Sur es una red de movimientos sociales, organizaciones populares y religiosas, formaciones políticas, comunidades y campañas en América latina, Caribe, África, Asia y el Pacífico. Considera que la deuda es “profundamente ilegítima, injusta e insustentable ética, jurídica y políticamente. Fue constituida sin ningún tipo de consulta a la sociedad y fuera de los marcos legales vigentes, favoreciendo sólo a las elites y perjudicando a la mayoría de la población”.

Tom Kucharz, nacido en Alemania, es periodista, traductor e investigador social. Es militante de Ecologistas en Acción (http://www.ecologistasenaccion.org/). Participa en el movimiento antiglobalización y antiguerra, especialmente en las campañas “¿Quién debe a quién?”, por la abolición de la Deuda Externa y la restitución de la Deuda Ecológica (http://www.quiendebeaquien.org/), y en “UE: pa' qué?”. Imparte clases, conferencias, cursos y talleres, también escribe sobre temas sociales, políticos económicos y ambientales.
Joseph Henry Vogel, de Costa Rica, es Catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras. También fue profesor de la FLACSO-Ecuador, donde dictó clases sobre la economía de la biodiversidad. Es autor de Genes for Sales (Oxford University Press, 1994), El Cártel de la Biodiversidad (CARE, 2000) y más de 60 artículos en revistas académicas. Sus esfuerzos para cartelizar la biodiversidad han sido realizados en más de 200 ponencias alrededor del mundo. Vogel lanzará su libro The Economics of the Yasuní Initiative: Climate Change as if Thermodynamics Mattered para la XV Conferencia de las Partes que se realizará en Copenhague en diciembre de 2009.

Nora Morales de Cortiñas, de Argentina, es cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Es psicóloga social y profesora en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1977, las Madres reclaman el castigo para los culpables de los secuestros, torturas y desapariciones de 30.000 personas durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Ha realizado análisis y estudios acerca de la relación entre la dictadura militar, corrupta deuda externa y crisis económica en Argentina.

Brid Brennan, de Irlanda, es investigadora asociada de TNI. Es cofundadora del Centro Europeo de Solidaridad con las Filipinas y de RESPECT, una red europea contra el racismo y a favor de los derechos de los inmigrantes que trabajan en el sector doméstico. Brid es editora de varios libros, como Asia Europe Crosspoints (con Paul Scannell; TNI, 2002) y Melting the Iceberg: Ending the Cold War in the Korean Peninsula & the Search for Global Peace (TNI/Focus, 2001).


Organiza la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático


Las secretarías de Recursos Naturales de las cinco organizaciones que conformamos el Pacto de Unidad: la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Campesinas Originarias Bartolina Sisa (CNMICO-BS), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), junto a varias instituciones de derechos humanos, integramos la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. En este espacio trabajamos para difundir nuestras experiencias y propuestas. Ante el cambio climático creemos que debe cambiar nuestra relación con la naturaleza.

La Plataforma publica investigaciones sobre los riesgos del cambio climático y las posibilidades para evitarlo. Difunde documentales y noticias que dan cuenta de los efectos del cambio climático en las comunidades, también muestran cómo se lo enfrenta. Por medio de encuentros y talleres en comunidades indígenas y campesinas, intercambia experiencias que permitan enfrentar al cambio climático, así como a mitigar sus riesgos.

Con estas acciones queremos generar conciencia sobre el daño que grupos de personas provocan al mundo. Así nos sumamos a una movilización mundial que imponga otros modelos de producción y pensamiento.

Lugar, fecha y hora:

Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón, ubicada entre la calle Sucre y la avenida Oquendo, en la ciudad de Cochabamba.
Las actividades, que se desarrollarán el 13 y 14 de octubre, comenzarán a las 9 de la mañana.


Contactos de prensa:

Lucía Sauma
luciasauma@hotmail.com
715-403-84

Sebastián Ochoa,
xxsebastian@gmail.com
731-949-18

Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático:

(+591-2) 242-0512
plataforma@cambioclimatico.org.bo
http://www.cambioclimatico.org.bo/

Calle Luis Crespo 2532, Sopocachi, La Paz, Bolivia